El Gobierno ha anunciado una nueva medida que impactará directamente en las operaciones de compraventa de inmuebles: los contratos de arras contarán con una regulación estatal a partir de 2025. Hasta ahora, este tipo de acuerdos —que sirven para reservar una vivienda antes de la firma definitiva de la compraventa— se regían por usos y costumbres, con grandes diferencias entre comunidades autónomas y sin normativa clara a nivel nacional.
Se trata de un contrato privado entre comprador y vendedor mediante el cual el comprador entrega una cantidad de dinero (normalmente entre el 5% y el 10% del precio total del inmueble) como señal, a cambio del compromiso de reservar la vivienda hasta la firma del contrato final.
A partir de la entrada en vigor de la nueva regulación, se establecerán las siguientes normas clave:
El objetivo principal es proteger tanto a compradores como a vendedores frente a abusos, malentendidos o cláusulas poco transparentes. En los últimos años, los contratos de arras han sido una fuente frecuente de conflictos legales, especialmente en momentos de incertidumbre económica o subidas de tipos.
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